Del Estado corrupto y social

Una de las consecuencias más perversas de la intervención del Estado en la economía es la corrupción política, y no hay que irse a las Chimbambas de la argumentación para ver que lo que aquí se acaba de afirmar es cierto, en «este país» y en cualquier parte del mundo. Allí donde el peso del Estado en la economía es mayor, también es mayor el nivel de corrupción, y menor, por el contrario, su fuerza en las atribuciones que le son propias como el orden público, la justicia, la protección de los derechos civiles y libertades públicas, la seguridad y la defensa nacionales.

No es casualidad, por ejemplo, que los Estados marxistas y prosoviéticos en los años 60 pusieran todo su esfuerzo en sacar adelante el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, y, por el contrario, aborrecieran del Pacto internacional de derechos civiles y políticos.

Así, el Estado «político» en su tránsito hacia el perverso Estado «social» actual, ha ido haciendo progresivamente dejación de las atribuciones para cuyo fin surgió, sustituyendo la «securitas política» de los ciudadanos por una pretendida «securitas económica», transformando gobiernos y administraciones públicas en meros mercachifles de la economía; el Estado es hoy proveedor y comprador –oferente y demandante– de bienes y servicios, mas desde una clara posición dominante y de competencia desleal.

En éstas, el político de hoy es al mismo tiempo gobernante y empresario «público», disponiendo gratuitamente de todos los recursos de un país para los fines que estime más oportunos, de ahí su posición dominante. Crea empresas y organismos públicos, y contrata a los funcionarios públicos, y a otros que ni siquiera son «nobleza de toga», con los recursos que obtiene de particulares y empresas del sector privado para proporcionar bienes y servicios en el mercado a los mismos a los que detrae esos recursos. Dicho suministro no se produce en libertad como tampoco el pago del precio de los bienes y servicios que suministra. El Estado obliga al ciudadano a adquirir unos bienes y servicios que previamente le ha cobrado vía impuestos y/o cotizaciones a la Seguridad Social, y que, en ocasiones, le cobra también después vía tasas.

A más de lo anterior, el político es consciente de su posición de fuerza pues puede influir en el mercado a su conveniencia, interviniendo precios, facilitando recursos a determinadas empresas, consumidores, sectores o industrias vía subvenciones, alterando la demanda y oferta de determinados bienes o servicios, beneficiando o perjudicando a cualesquiera actores económicos vía deducciones o exacciones fiscales, o, aún peor, por la simple aprobación de una ley o decreto. 

Por tanto, cuando se dice que el Estado actúa en el mercado en clara «competencia desleal», no es expresión sacada al albur. Sin ánimos de ser exhaustivos, la actual LCD vigente establece tres categorías de actos de competencia desleal, a saber: actos de deslealtad contra los consumidores (aquellos que interfieren en el proceso autónomo y racional de toma de decisiones por los consumidores); contra los competidores (aquellos que comportan una obstaculización o aprovechamiento indebidos de la actividad o del esfuerzo ajenos) y contra el mercado (aquellos que ponen en peligro la par conditio concurrentium o la estructura y funcionamiento competitivos del mercado). No hablaremos ya del elenco de actos específicos contemplados por dicha Ley en los artículos 6 a 17, entre los que se incluyen, los reconocibles obsequios, primas y supuestos análogos (¿acaso no son tales las subvenciones y beneficios fiscales?), actos de explotación de la reputación ajena (¿qué es si no la «Marca España»?), de inducción a la infracción contractual (¿qué es, por ejemplo, la revelación de datos personales y relaciones contractuales a la Agencia de Protección de Datos?), y, sobre todo, los consabidos y característicos actos de discriminación y dependencia económica o de venta a pérdida. Sin olvidar las recientemente introducidas «prácticas agresivas» que supone toda conducta que, mediante acoso, coacción, uso de la fuerza o influencia indebida, utilizando su posición de poder, sea susceptible de mermar la libertad de elección o la conducta del destinatario y afecte o pueda afectar a su comportamiento económico.

Todas estas actuaciones altamente reprobables en el comportamiento de un empresario o profesional privado, son normales en el actuar ordinario del Estado. Por tanto que nadie se sorprenda si hay corrupción en «España S.A.». Y no es cuestión sólo de separación de poderes, ni de listas abiertas o cerradas, ni de financiación de partidos políticos vía impuestos, que también, sino de la separación clara y tajante entre la economía y el poder político, el mercado y el Estado. Cuando esto se haga, se habrá conseguido dar un golpe certero a la corrupción política en un escenario que seguramente Charles-Louis de Secondat nunca hubiera podido imaginar en su «Del espíritu de las leyes».

«Políticas de crecimiento» (y España)

Lo de España S.A. –S-pain, según rezaba una edición de The Economist– por alguna extraña razón siempre empieza siendo más sangrante, más dramático, más desgarrador que para el resto de nuestros vecinos, en ese pathos hispánico que tanto nos caracteriza de llanto, rechinar de dientes y rasgadura de vestiduras. Mas tras la llantina de las plañideras, vuelve de nuevo el jaleo y los faralaes, y aquí paz y después gloria: todo olvidado. «Eadem sed aliter: las mismas cosas, sólo que de otra manera» –decía impertérrito Ortega en su España invertebrada–, más gráfico empero era Baroja: «En España se dice, cuando en las corridas hay muertos y heridos, que hay hule».

Será por eso que en nuestro devenir inmediato, después de haber rebasado todas las previsiones de déficit y de deuda pública por «vigilantes de nubes» –abriendo zanjas, construyendo pistas de paddle y aeropuertos en lugares de lo más recóndito–, y de haber quebrado el sistema financiero –esquilmando cajas de ahorros, gracias a «políticosconsejeros» y «sindibanqueros»–, manejamos unas constantes «histórico-democráticas» persistentes, con un paro endémico de tres millones de personas que, a las primeras de cambio, se convierten en seis millones –a razón de una o dos veces por década–; una economía sumergida del 23% del PIB; un esfuerzo fiscal –incluidas cotizaciones a la Seguridad Social– que nos sitúa en el «Top five» europeo, o acaso del mundo, pese a ser de los que menos recaudan; una Balanza por Cuenta Corriente deficitaria sí o sí; unos niveles de competitividad que el benévolo WEF nos coloca en un moderado puesto 36/144, pero que en términos de tipos de cambio efectivos reales (considerando índices de precios a la exportación-IVU, costes laborales,  IPC y bienes industriales) siguen siendo catastróficos pese a la crisis, y que si no fuera por el Euro nos habrían obligado a efectuar cuatro o cinco «devaluaciones competitivas» tipo Solchaga; un sistema energético que nos cuesta a todos la hijuela, importando lo que no está escrito (aunque sea de origen nuclear), y subvencionando molinos y placas solares «limpios», al tiempo que se mantienen unas cuencas mineras con el carbón, posiblemente, de peor calidad del mundo y de mayor coste extractivo; además de unas Administraciones Públicas que representan casi la mitad de nuestro PIB; y una estructura territorial que respondería a lo que el Financial Times sarcásticamente ha denominado «la desconcertante estructura administrativa española».

Es de sorprender que ante semejante panorama que no incluye el nivel de corrupción alcanzado en la «historia democrática» reciente, con saqueo generalizado de la Hacienda Pública y la Seguridad Social, alguien tenga la osadía de pensar que «este país» saldrá de la pertinaz recesión gracias al intervencionismo estatal y a las genialidades de nuestros «Gobiernos de España» vía «políticas de crecimiento». Por si acaso, y antes de nada, por si hubiera alguna duda, Montorito –tal y como se le conocía en sus tiempos de empleado de banca– pretendió sorprendernos con las novedosas «políticas de austeridad», que por una extraña razón sólo contemplan el aumento de la partida ingresos y una sofocante «socialización de las pérdidas», advirtiendo a navegantes que, para que haya crecimiento, hay que subir impuestos directos e indirectos, tasas, y crear otros «nuevos y nuevas». ¿Será que con el bolsillo lleno el «Gobierno de España» piensa mejor cómo «crecer»? Pues debe ser, pero en «economía de andar por casa» esto sería similar a mantener varios coches de lujo, dos apartamentos en la playa y una casa de 250 metros cuadrados, atracando a mano armada a vecinos, amigos y familiares.

Mas como la imaginación de estos pillastres de la economía no tiene límites y su capacidad creativa e inventiva no tiene parangón, para reforzar estas medidas de crecimiento expoliadoras –que los más audaces llaman «deflacionarias»–, apuntalan la cuadratura del círculo con unas valientes «reformas estructurales», creadas ad hoc y de profunda reflexión, consistentes en una ley de emprendedores, una exigua reforma laboral, una reformita financiera, un banco malo, la Marca España –con recuperación incluida del eslogan «Spain is different, venga a Torremolinos»–, la supresión de la paga extraordinaria de Navidad a funcionarios y mediopensionistas, y Santas Pascuas –nunca mejor dicho–. Todo arreglado. De un plumazo hemos solucionado el problema del paro, de la deuda de familias y empresas, de las cajas de ahorros, de la falta de eficiencia y gasto descomunal de las Administraciones Públicas, del déficit por cuenta corriente y de nuestra competitividad frente al exterior. Ya sólo nos queda «crecer», ahí es nada.